Sobre los descuentos y el derecho de huelga

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El gobierno de Solá cae en la ilegalidad y en la crisis

Corría el 2005 y el felipismo, agrandado por los resultados electorales que llevaron a la empadronada santacruceña, Cristina Kirchner –hoy presidente electa- al primer lugar en el senado Nacional por la provincia de Buenos Aires, se lanzó con todo a una ofensiva en contra de los trabajadores públicos provinciales.
La obsesión estancieril y manifiestamente antidemocrática del gobernador (en retiro efectivo) tuvo diversos intentos, fallidos, de ubicarse por encima de la Constitución Argentina y las Leyes Nacionales de trabajo; el más brutal de todos ellos fue el propósito de limitar, por ley, el derecho a huelga de los trabajadores de la administración pública provincial al considerar que: “ni los hospitales ni otros servicios (escuelas y ministerios) de la provincia pueden quedar paralizados en situaciones de conflicto gremial. Los bonaerenses no pueden quedarse sin las prestaciones básicas” como declaraban por aquellos días los representantes del ejecutivo provincial (Randazzo).
Esta intención de cambiar la situación de revista de los asalariados públicos bonaerenses, a peones de estancia “sin derecho al pataleo”, fue rechazada en primera instancia; aunque las diferentes burocracias de los gremios estatales suavizaron las cosas con el gobernador, al aceptarle en la redacción del decreto enviado al parlamento para ser transformado en Ley de paritarias un articulo (el 17º) que dice:
"al comienzo de la negociación las partes procurarán acordar mecanismos de autorregulación del conflicto, y serán materia de negociación:
a) la suspensión temporaria de las medidas que originen el conflicto;
b) la limitación de las medidas de acción directa".
En su momento, las burocracias gremiales, se encargaron de explicarle a sus bases que la incorporación de este articulo tenía la función de destrabar las discusiones “para que la ley de paritarias fuera una realidad y de esta manera debatir con el gobierno condiciones laborales y salariales dignas”. La experiencia realizada por los trabajadores provinciales a lo largo de todo este año nos ha demostrado que las paritarias, lejos de discutir “condiciones dignas”, fueron un recurso de la patronal para vulnerar aun más nuestros derechos y entregarnos migajas a cambio.

Antes de irse Solá vuelve a la carga
Dijimos más arriba que la obsesión por "limitar el derecho a huelga" en la provincia “garantizando los servicios mínimos”, no era más que una política destinada a avasallar los derechos sindicales y salariales de los trabajadores bonaerenses.
La Ley “antiparos” del 2005-2006 fracasó. Pero, Solá no es una persona que se deje amilanar por la falta de una ley; con ley o sin ley, el gobernador quiere declarar a los trabajadores en la ilegalidad y recurre al descuento de los días de paro.
El descuento a los trabajadores provinciales en lucha es, hoy por hoy, motivo de una fuerte crisis en el seno del gobierno provincial; que ya se ha llevado puesto a por lo menos a un funcionario de educación (Figueroa) y que determinó a que otro pida licencia por “stress” (Sanguineti).
Los descuentos, que no afectan sólo a educación, tiene como objetivo central quebrar la voluntad de lucha manifiesta por el conjunto de los trabajadores, que mantienen paradas una enorme cantidad dependencias estatales, en repudio a los acuerdos miserables firmados por algunas de las direcciones sindicales en connivencia con el estanciero.
El gobierno se debate en una crisis fenomenal.
La apelación a las medidas antihuelgas puede terminar explotándole en sus manos o en manos del propio Daniel Scioli.
Nadie, en el gobierno, sabe a ciencia cierta como reaccionaran las bases de los gremios a los descuentos salariales. Solá y Puiggrós, confían en que la poda en los sueldos de los huelguistas, “hará que estos reflexionen y se quiebren por la miseria”. Otros, tienen pensamientos más atinados y desconfían; dado que una situación de descuentos generalizados puede provocar reacción incontrolable que termine haciendo que las medidas se profundicen y se generalicen a sectores que aun no están en paro.
Como sea, los representantes de un gobierno que, fraude mediante, acaba de ganar las elecciones por un 45% de los votos esta virtualmente enredado entre la ilegalidad de su acción y la crisis que pueda provocar.
En su desesperación, al gobernador Solá no lo incomoda desconocer fallos judiciales y a desmentir medidas precautelares como la del juez de Garantías, César Melazo, quien solicitó a al Dirección General de Escuelas que se abstenga de efectuar los descuentos salariales por cada día de paro a los docentes afiliados en la U.Doc.BA. o en el mismo sentido, la medida cautelar del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, a cargo de Luis Arias, que aún no obtuvo una respuesta.
Algo parecido pasa entre los judiciales donde, “Finalmente, la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió sancionar con dureza a los empleados judiciales que durante 2007 se plegaron a asambleas con retiro, movilizaciones y huelgas. De acuerdo a los recibos de sueldos que se entregaron ayer -los haberes se pagarán el lunes próximo- el personal padecerá descuentos promedio de entre $ 150 y $ 200, pero en no pocos casos llegan hasta los $ 600 mensuales” (El Día).
Solá y los jueces de la Suprema Corte, intentan con estas medidas declarar en la ilegalidad la lucha que los miles de docentes, judiciales, médicos y empleados del estado que vienen realizando por un aumento salarial, en medio de una estampida de precios que licua los salarios día tras día.
Los descuentos de Solá, son la variante anticonstitucional para decretar la prohibición de las huelgas en la provincia de Buenos Aires. Lo que el gobernador no logró, tras la elección de Cristina en 2005, lo intenta lograr ahora en que otra elección coloca a la misma candidata en la presidencia.
La ofensiva de Solá, va más allá del puro descuento en los salarios de los empleados provinciales, tiene el propósito de disciplinar y quebrar la lucha de los trabajadores para someterlos al ajuste miserable que se viene.
Si los gremios provinciales no reaccionan frente a esta ofensiva, se transformaran (si pueden) en los mejores cómplices de la violación de los derechos constitucionales de los trabajadores.

No se puede esperar ni retroceder
El robo al sueldo de los trabajadores provinciales, acompañado de una “legislación” antihuelgas, que el ejecutivo provincial intenta dictaminar de facto -como en las mejores épocas de la dictadura- debe ser enfrentada con toda decisión.
El miércoles 7 de noviembre, tanto la seccional Suteba La Plata, como los empleados de la justicia, realizan sendas asambleas para discutir lo que está en juego; lo mismo harán el conjunto de trabajadores de los diferentes ministerios y reparticiones que vienen en lucha desde hace semanas.

ES HORA DE CONFLUIR TODOS JUNTOS, JUDICIALES, DOCENTES DE LA FEB Y SUTEBA, EMPLEADOS PÚBLICOS, EN UNA GRAN MOVILIZACIÓN SOBRE LA CASA DE GOBIERNO PROVINCIAL PARA MANIFESTAR NUESTROS RECLAMOS SALARIALES Y FRENAR LOS DESCUENTOS ANTICONSTITUCIONALES E ILEGALES DE SOLÁ

Tenemos el desafío de ganar y podemos hacerlo.

ü Vamos a un plan de paros progresivos (hasta fin de año si es necesario)
ü Por los 1200 de básico
ü No a los descuentos ni a los aprietes
ü Hacemos responsables ante la opinión pública, tanto al gobernador Solá como a su ministra de educación, lic. Puiggrós, por la extensión de los días de paro y la perdida de días de clase.
ü Que el gobierno reciba nuestros representantes, electos en asamblea, para dar una respuesta urgente a nuestros justos reclamos.
ü Todos a la asamblea del 7/11 en Suteba La Plata

La Plata 3/11/2007


Delegados de Base
Suteba La Plata